Asesoramos y representamos a entidades públicas, contratistas y particulares en asuntos judiciales y extrajudiciales, garantizando seguridad jurídica y resultados efectivos.
Fortalecemos la gestión pública mediante asesoría estratégica y preventiva, adaptada a la realidad institucional y orientada a prevenir el daño antijurídico, minimizar riesgos y asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y buen gobierno.
Ofrecemos soluciones legales oportunas y de alto nivel, enfocadas en la desestimación de pretensiones o en la obtención de los resultados más favorables.
Diseñamos defensas integrales para servidores públicos, conscientes de que está en juego su carrera, reputación y futuro profesional; y acompañamos a los contratistas, protegiendo sus intereses y el cumplimiento de acuerdos.
Servicios para Entidades Públicas.
Procesos contencioso-administrativos
Acciones de nulidad simple, nulidad y restablecimiento del derecho, reparación directa y nulidad electoral.
Acciones constitucionales.
Acciones populares, de grupo y de cumplimiento.
Gobierno corporativo.
Implementación, rediseño de estructuras funcionales y mejora integral de la gestión contractual y de riesgos.
Manuales institucionales.
Elaboración y actualización de manuales de contratación, supervisión, interventoría, funciones y competencias laborales, procesos y procedimientos, entre otros.
Conceptos jurídicos.
Rigurosos y estratégicos en materia de Derecho Público y Contratación Estatal, con recomendaciones ejecutables, que aseguran transparencia, eficiencia y cumplimiento normativo.
Capacitaciones jurídicas.
Dirigidas a funcionarios públicos en responsabilidad disciplinaria, contratación estatal, control fiscal y gestión del gasto público.
Servicios para Servidores Públicos
Defensa integral.
En procesos disciplinarios, fiscales y penales.
Servicios para Contratistas
Controversias contractuales.
Defensa en casos de incumplimientos contractuales, imposición de multas o declaratorias de caducidad.
Reclamaciones laborales.
Por estabilidad laboral reforzada, contrato realidad o situaciones de acoso.
